200 ok LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El turismo se configura como el principal motor económico y social de las Illes Balears, representa más del 45 % del PIB, ofrece trabajo a más de 200.000 personas trabajadoras, y económicamente ha supuesto en los últimos años unos ingresos anuales superiores a los 16.000 millones de euros. Nuestro territorio ha sido pionero en el desarrollo del turismo desde los años 60, cuando se inició el desarrollo del producto de sol y playa, y ha contado también con el apoyo de los operadores turísticos, que nuestro archipiélago continúa liderando en del arco mediterráneo. El hecho de ser un territorio con un elevado dinamismo económico y altas cuotas de bienestar ha implicado un aumento de la población, que ha pasado en cuarenta años de 642.780 habitantes a 1.210.725 el

1. Además, en los últimos veinte años, las Illes han atraído un 48,2 % más de turistas, y han pasado de los 11,1 millones del año 2000 a los 16,4 del año
2. La irrupción de la pandemia asociada a la COVID-19 provocó en 2020 una parada mundial de la actividad y, a escala global, las megatendencias estaban acelerando la transformación del turismo en busca de una mayor creación de valor económico, social y ambiental. II El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, mediante la Resolución número 70/1, el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible (los llamados ODS), amparados bajo el paraguas de la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Esta agenda hizo que los países miembros incorporaran la sostenibilidad a su estrategia de presente y de futuro, también en cuanto a la actividad turística. El 21 de diciembre de 2020 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la Resolución 75/229 denominada Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente, que reafirmaba la Resolución 70/1, y que, entre otros aspectos, invita a los gobiernos y a otras partes interesadas a promover y apoyar un modelo de turismo más sostenible, basado en la inclusión social, la reducción de las desigualdades, la conservación y la protección del medio ambiente, la gestión responsable de los recursos y la salvaguarda de los beneficios del turismo desde la igualdad de oportunidades, la formación de los trabajadores y las trabajadoras y el respecto a la cultura del territorio. La Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) define el turismo sostenible como el que «tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas» (OMT y PNUMA, 2006). De manera muy similar, ya en el año 1999, el Código ético mundial para el turismo, aprobado por la OMT el 1 de octubre en Santiago de Chile, en el artículo 3, denominado «El turismo, factor de desarrollo sostenible», indicaba que «todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras». La misma OMT declaró el año 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible, con el fin de definir estrategias de acción para que el turismo contribuya a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La presentación tuvo lugar en Madrid, en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), y se establecieron las cinco áreas de actuación del turismo: 1) Crecimiento económico inclusivo y sostenible. 2) Inclusión social, ocupación y reducción de la pobreza. 3) Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático. 4) Valores culturales, diversidad y patrimonio. 5) Entendimiento mutuo, paz y seguridad. En consecuencia, el turismo sostenible, además de ser creador de riqueza, tiene que contribuir a conservar y proteger los recursos de nuestro territorio –vida silvestre, flora, biodiversidad y ecosistemas–, pero también tiene que contribuir a proteger y promover la diversidad cultural y el bienestar de las personas residentes en las Illes Balears, generando trabajo de calidad y apoyando a las economías locales. El turismo sostenible es el que lidera la justicia social, el trabajo de calidad, la igualdad, el desarrollo económico y la integridad ambiental para llegar a ser un destino competitivo y viable. En este camino hacia la sostenibilidad integral, la economía circular se postula como una vía de progreso importante para forjar un nuevo liderazgo turístico que refuerce, a su vez, la capacidad del sector de impulsar la competitividad global sostenible del archipiélago. El tránsito hacia la economía circular supone abrazar un enfoque innovador, con un fuerte apoyo en la optimización de procesos y el nuevo diseño de productos y servicios, que permite desacoplar el consumo de recursos y materiales de las expectativas de crecimiento y desarrollo del sector. En términos generales, la importancia de abandonar el carácter lineal «extraer-producir-usar-tirar» predominante en las decisiones de producción y consumo a favor de una nueva visión que apueste para mantener el valor funcional de los materiales cuanto más tiempo mejor, para minimizar tanto la presión sobre los recursos como la generación de residuos, lo han puesto de manifiesto la Fundación Ellen Mac Arthur y las principales instituciones y organismos internacionales, la mayoría de los cuales reconocen explícitamente el rol del turismo. A escala global, las Naciones Unidas consideran que la economía circular es un acelerador de la Agenda 2030 y que el turismo puede efectuar una contribución notable al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente, a través de los hitos relacionados directamente con el ODS 12, «Producción y consumo responsables», el ODS 8, «Trabajo decente y crecimiento económico», y el ODS 14, «Vida submarina». Con todo, hay que tener en cuenta que la circularidad tiene un papel fundamental como palanca motora del cambio, y se vincula, en términos generales, a otros objetivos, como son los que incitan a mejorar en materia de energía asequible y no contaminante (ODS 7), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), acción por el clima (ODS 13) y vida de los ecosistemas terrestres (ODS 15). En línea con ello, el 2 de diciembre de 2015, poco después de la aprobación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Comisión Europea publicó su Plan de Acción por la Economía Circular, mediante una comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. En este Plan de Acción se establece que «La transición a una economía más circular, en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la cual se reduzca al mínimo la generación de residuos, constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE encaminados a conseguir una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Una transición de este tipo brinda la oportunidad de transformar nuestra economía y de generar nuevas ventajas competitivas y sostenibles para Europa». Las medidas, que cuando finalizó el Plan se habían llevado a cabo íntegramente, afectaban, por un lado, las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos (diseño y producción, consumo, gestión de residuos y aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos mediante su reintroducción en la economía) y, por el otro, cinco áreas que la Comisión consideró prioritarias (los plásticos, el derroche alimentario, las materias primeras críticas, la construcción y la demolición, y la biomasa y los productos con base biológica). El 11 de marzo de 2020, la Comisión Europea publicó el nuevo Plan de Acción de Economía Circular por una Europa más limpia y competitiva, en el nuevo marco de financiación EU Green Deal, en el que remarca la importancia de la circularidad, en especial para las regiones insulares y ultraperiféricas, debido a su dependencia de las importaciones de recursos, las grandes cantidades de residuos que generan como consecuencia del turismo y las exportaciones de residuos. En este nuevo Plan, la Unión Europea fija acciones para áreas clave para conseguir una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos, alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción. En este sentido, la circularidad representa una oportunidad para incrementar la disponibilidad de recursos sin necesidad de incrementar la extracción, así como un ahorro en términos de los costes derivados de la generación y el tratamiento de los residuos. En el mismo documento del Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea se reconoce la importancia de la circularidad como condición necesaria para lograr la neutralidad climática en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La circularidad tiene que ser la palanca que impulse la descarbonización de la economía y a la vez desvincule la relación entre crecimiento económico y extracción de recursos naturales. De la misma forma, la Estrategia Española de Economía Circular, denominada España Circular 2030, que da traslado al marco nacional de la estrategia europea, reconoce explícitamente la importancia potencial de la circularidad en el turismo. Y es que el turismo se encuentra en una posición muy favorable para contribuir al tránsito sistémico hacia la economía circular. En términos generales, la transversalidad de su cadena de valor permite tejer relaciones circulares con sus principales grupos de interés y, por lo tanto, impactar positivamente sobre las cadenas de producción, a través de los requerimientos que exige a sus múltiples proveedores, y los hábitos de consumo de sus clientes, a través de la motivación que ejerce desde la prestación de los diferentes servicios. Asimismo, hay que tener presente que el sector turístico de las Illes Balears ha mostrado su predisposición y capacidad de asumir el reto de la transición hacia una economía circular y muchas de las empresas del archipiélago se han iniciado en la aplicación de prácticas circulares. Particularmente, hay que tener en cuenta que en las Illes Balears la sostenibilidad y la calidad del territorio son aspectos que cada vez valoran más los turistas a la hora de escoger el destino. Y es que los clientes de hoy en día se interesan cada vez más por los destinos que integran sus culturas locales, protegen el medio ambiente, la biodiversidad y son socialmente responsables. Además, la posición favorable que las Illes Balears ocupan en términos de competitividad turística convive con el reto importante de mejorar la ordenación del espacio turístico y mantener el equilibrio sobre los recursos naturales y ambientales de la región, mejorar el desarrollo del capital humano y el entorno de negocio. En las Illes Balears, como región que ha construido y disfrutado de elevados estándares de bienestar, no podemos dejar pasar la posibilidad de abrir ventanas de oportunidad nuevas al compás que marca el tránsito propuesto por el nuevo paradigma de economía circular. Este tránsito supone abandonar el esquema de producción y consumo lineal imperante y permite materializar resultados económicos, sociales, y, por supuesto, ambientales, nuevos y mejores. Por lo tanto, las Illes Balears tienen que convertirse en pioneras de la evolución de un sistema turístico tractor de la inversión y que apoye al desarrollo empresarial, a la vez que tienen que ser pioneras en continuar mejorando los entornos de trabajo y las condiciones ergonómicas para consolidar los propósitos de mejora continua que practica el tejido empresarial hacia las personas trabajadoras. Tenemos que fijar la mirada no solo en la calidad del servicio directo que ofrecemos al turista, sino también en la calidad del espacio medioambiental y en la calidad y la eficacia de la gestión de los recursos de nuestro territorio, así como en la protección de los empresarios, autónomos y personas trabajadoras vinculados al sistema turístico y en la implicación y la coordinación de las administraciones con competencias sobre el territorio y la gestión de los recursos mencionados. En definitiva, el modelo turístico de las Illes Balears se tiene que fundamentar en las raíces de la sostenibilidad y la circularidad, lo cual repercutirá de manera evidente no solo en el medio ambiente, sino también, por todo lo que se ha expuesto, en la economía de las Illes Balears, de forma que las medidas que propone esta ley también quedan incardinadas en el ámbito de los objetivos de política social. III En la línea de lo que se ha expuesto, el Consejo Económico y Social de las Illes Balears publicó en 2019 el Estudio sobre la prospectiva económica, social y medioambiental de las sociedades de las Illes Balears en el Horizonte
3. En este estudio se indica en el capítulo
4. Cambio climático (coordinado por el Laboratorio Interdisciplinario Sobre el Cambio Climático) de la UIB Mapama de 2016 ya se advertía que el 42 % de las emisiones de las Baleares estaban asociadas a la producción de energía eléctrica, el 37 % al transporte, el 4,7 % a los procesos industriales, el 3,8 % al tratamiento de residuos y el 2,3 % a la agricultura. Se indica también que, una vez desglosado el consumo de energía, se observa que en nuestra comunidad está dominado por el transporte terrestre (33 %) y aéreo (29 %), seguidos del consumo residencial (13,8 %) y los servicios (13,5 %), mientras que es mucho más pequeña la contribución del sector primario, la industria y los servicios públicos. Se afirma también que el calentamiento global tendrá unos efectos claros sobre el clima, tanto a escala global como regional, y que hay indicios que cuanto más se aplace la reducción de emisiones, más grandes serán los impactos y más difíciles de evitar o adaptarse a ellos. Se hace énfasis en el hecho que, a pesar de que el horizonte temporal del informe va más allá del año 2030, las medidas limitadoras y de adaptación se tienen que empezar a tomar ahora para que sean efectivas. Se considera imprescindible disponer de planes de adaptación y mitigación antes de
5. En este informe se hacen también referencias al hecho que, conforme a determinados modelos climáticos basados en escenarios que no prevean una reducción de emisiones, la temperatura en las Illes Balears podría subir entre 3 y 5 grados entre 2012 y 2100, que las oleadas de calor se amplificarán dramáticamente, que la disminución de precipitaciones puede ser de hasta un –20 %, y que el nivel del mar puede subir hasta 40-70 cm. En este estudio se hacen referencias específicas a los aspectos energéticos, y se afirma que, conforme a las previsiones de aumento de temperatura mencionadas, esto conducirá a una disminución de la demanda energética invernal, pero a un aumento de la demanda estival vinculada al uso masivo de los sistemas de climatización, y, por lo tanto, que a pesar de que la demanda media anual permanecerá prácticamente constante, es muy posible que se necesite instalar capacidad adicional de generación o bien aplicar políticas activas de ahorro energético para minimizar estos picos. Otras consecuencias del aumento de temperaturas hacen referencia a un mayor riesgo de incendios, impactos indirectos sobre la salud de las personas e impactos económicos, entre otros. En cuanto al sector turístico, se afirma que a pesar de que el aumento de temperaturas podría conducir a una distribución de las temporadas turísticas, sus impactos sobre los ecosistemas isleños podrían incidir negativamente en la demanda turística y contrarrestar este efecto, dado que la calidad ambiental es clave en la elección de destino de parte de los visitantes (pérdida de ecosistemas costeros, como las playas, erosión de los sistemas dunares, afectación a la posidonia y a su servicio ecosistémico, riesgo para la vida y la salud debido al mayor número de incendios...). Se afirma que el cambio climático afectará seriamente a la actividad turística y pondrá en peligro la economía balear, que fundamenta su estructura productiva en el turismo. Asimismo, en el Dictamen 5/2020, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, publicado recientemente, se presenta la propuesta estratégica de convertir la actividad turística en las Illes Balears en un modelo de competitividad y sostenibilidad de referencia internacional. Considera que sería necesario definir que la gran misión de las Illes Balears debería ser convertirse en un referente como «islas sostenibles del Mediterráneo», valorando la sostenibilidad medioambiental, el paisaje, el patrimonio y la cultura como rasgo diferencial. En la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el 12 de diciembre de 2015, se adoptó el llamado Acuerdo de París 2015, por el cual los signatarios se comprometieron a reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero cuanto antes mejor con el objetivo de frenar el incremento de la temperatura global para que no supere los +1,5 ºC respecto a las temperaturas preindustriales. Para que sea posible lograr este objetivo, la comunidad científica indica en el acuerdo que la mayoría de países occidentales tiene que llegar a las emisiones cero antes o alrededor de
6. Sin embargo, el artículo 4 del Acuerdo establece que las partes se proponen que las emisiones mundiales de gases con efecto de invernadero lleguen a su punto máximo como antes mejor. Hay que recordar que en septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno de las Illes Balears acordó adherirse a los objetivos y las líneas de actuación del Acuerdo de París, así como fomentar las políticas autonómicas necesarias para la adaptación del territorio y de los sectores económicos de las Illes Balears a los impactos del cambio climático. Más recientemente, en noviembre de 2021, en la 26.ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marc de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), se firmó la Declaración de Glasgow sobre la acción climática en el turismo, en que las partes firmantes, entre las cuales está España, manifiestan lo siguiente: «Declaramos nuestro compromiso común de unir todos los agentes para transformar el turismo y hacer que contribuya de manera efectiva a la acción por el clima. Damos apoyo al compromiso mundial de reducir a la mitad las emisiones para 2030 y de conseguir la neutralidad climática cuanto antes, y siempre antes de
7. Alinearemos sistemáticamente nuestras acciones con las últimas recomendaciones científicas para cerciorarnos de que nuestro enfoque sea coherente con el objetivo que, para 2100, las temperaturas no suban más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Según el último estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Foro Internacional del Transporte (ITF, por su sigla inglesa), las emisiones de CO₂ del turismo crecieron al menos un 60 % entre 2005 y 2016, y el transporte, en 2016, fue el causante del 5 % de las emisiones mundiales de CO₂. Salvo que aceleremos la descarbonización, las emisiones de CO₂ del sector podrían aumentar un 25 % o más de aquí a 2030, en comparación con 2016». En esta línea, el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), publicó el informe especial del IPCC, 2018, sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales y de las trayectorias correspondientes que tendrían que seguir las emisiones mundiales de gases con efecto de invernadero, en el contexto del refuerzo de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible, y los esfuerzos para erradicar la pobreza, en el cual se afirma que «evitar sobrepasar la prospección de emisiones límite a partir de la cual la temperatura crece por encima de 1,5 ºC en 2100 y la dependencia de la aplicación de la remoción del dióxido de carbono a gran escala en el futuro, sólo se puede conseguir si las emisiones globales de CO₂ empiezan a bajar mucho antes de 2030». Por otro lado, y en cuanto al consumo de recursos, debido al sistema socioeconómico de nuestro territorio, hay un elevado consumo de las escasas reservas hídricas del archipiélago. De acuerdo con el Consejo Económico y Social de las Illes Balears, hay una correlación entre el incremento de la población flotante y la demanda de recursos hídricos, en qué ambos factores presentan un pico en los meses centrales del verano, y también hay indicios de que el consumo energético está muy ligado a la cantidad de gente que reside o pasa por el archipiélago. Según los datos del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, en 2016 los mayores consumidores finales de energía en las Baleares son el sector residencial (42 %), seguido por el sector de comercio y servicios (40 %), dos sectores muy ligados al turismo y, por lo tanto, a la población flotante. De hecho, según los datos recogidos por el Instituto Balear de Estadística (IBESTAT) de Red Eléctrica Española de demanda mensual de energía en las Illes Balears, la demanda de energía presenta un comportamiento estacional muy similar a la demanda de recursos hídricos. Presentan igualmente el pico anual en los meses centrales del año, en verano, coincidiendo con el periodo de más afluencia de población flotante. Según estos datos, la demanda mensual media de las Illes Balears durante el periodo 2015-2021 es de 479.942 MWh. Por contrapartida, la demanda mensual media de los meses de junio, julio y agosto del período 2015-2021 es de 604.837 MWh. Esto implica que durante los meses centrales del año en las Baleares hay una demanda, de media, de un 26 % más de energía que en la media mensual de todo el año, hecho que señala una clara correlación entre la población flotante y el aumento de consumo de energía y, en consecuencia, de emisiones de gases con efecto de invernadero. El Gobierno de las Illes Balears se ha comprometido de manera explícita con los objetivos y los acuerdos internacionales mencionados, como el Acuerdo de París o la Declaración de Glasgow, y ha traducido este compromiso en acciones legislativas, como la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, así como la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. En ambas leyes se establecen una serie de objetivos con varios horizontes temporales, que pretenden dar traslado de los compromisos internacionales para cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2050 y así evitar un calentamiento global superior a 1,5 ºC al final del siglo. Esta ley pretende dar traslado de estos objetivos al sector turístico, estableciendo el marco normativo y las medidas necesarias para emprender esta transición, que se tienen que complementar y desarrollar también en otros marcos para lograr de manera global y transversal los objetivos marcados. En cuanto a la reducción de emisiones de gases con efecto de invernadero, la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, marca el ritmo de reducción necesario para cumplir el Acuerdo de París. En el artículo 12 establece los objetivos que se tienen que cumplir: a) El 40 % para el año
8. b) El 90 % para el año
9. Sin perjuicio de los otros objetivos o subobjetivos que pueda marcar el Plan de Transición Energética que publicará la consejería competente en la materia, esta ley pretende establecer las bases para que el sistema turístico en general cumpla los objetivos anunciados. Por otro lado, la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, pretende establecer las bases en el campo de la gestión de residuos para impulsar el progreso de la economía circular en las Illes Balears. En el artículo 2, se establecen objetivos directamente relacionados con el sector turístico, en concreto para el sector HORECA: a) Reducir un 10 % antes de 2021 y un 20 % antes de 2030 la generación de residuos respecto al año 2010, basándose en los kilogramos por habitante y año calculados de acuerdo con el índice de presión humana (IPH). b) Aumentar, antes del año 2021, como mínimo, hasta un 50 % del peso y para cada fracción, la preparación para la reutilización y el reciclaje conjuntamente de materiales como papel, metales, vidrio, plástico y bioresiduos de los residuos domésticos y comerciales. Este porcentaje tendrá que ser de un 65 % en el año
10. c) Reciclar como mínimo, antes del año 2030, un 75 % de los residuos de envases no industriales, entendiendo como tales la valorización material de los generados. d) Aumentar, antes del año 2021, hasta al menos un 70 % del peso, la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización material de los residuos no peligrosos de la construcción y la demolición, con exclusión del material en estado natural definido en la categoría 17 05 04 de la lista europea de residuos. Este porcentaje tendrá que ser del 80 % en
11. e) Lograr, antes del año 2025, el objetivo del 3 % de preparación para la reutilización del total de residuos domésticos gestionados, y un 5 % en el año
12. Estos porcentajes se lograrán igual y separadamente para los residuos comerciales y para los residuos industriales, sin tener en cuenta la fracción orgánica de los residuos domésticos ni la poda. f) Reducir hasta el 50 % el derroche alimentario para el año 2030 en relación con el
13. g) Dar cumplimiento, en cuanto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a los objetivos mínimos anuales de recogida separada fijados por el Estado tanto para los domésticos como para los de origen profesional. h) Establecer, con relación a los vehículos fuera de uso, unos porcentajes de preparación para la reutilización y la comercialización de piezas y componentes que supongan al menos un 10 % en el año 2021 del peso total de los vehículos tratados. Para el 2026, este porcentaje tendrá que aumentar hasta el 15 %, y para el 2030, hasta el 20 %. i) Establecer un porcentaje máximo del 10 %, antes del año 2030, en la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. j) Lograr para el año 2030 los siguientes objetivos de reutilización de envases de bebida en el canal HORECA: – Aguas envasadas: reutilización de un 40 % de los envases. – Cerveza: reutilización de un 80 % de los envases. – Bebidas refrescantes: reutilización de un 70 % de los envases. k) Lograr para el año 2030 un 15 % de reutilización para los envases empleados en canales de consumo diferentes del canal HORECA. Nuevamente, con esta ley se fija el marco para que el sector turístico pueda avanzar en el camino hacia la sostenibilidad y cumplir los objetivos mencionados. Del cumplimiento de estos objetivos depende la prevención y la mitigación de los efectos del cambio climático y mantener un equilibrio ambiental y económico en las Illes Balears por la evolución futura del archipiélago. Tal como se expone en el artículo académico «Climate change and its impacts in the Balearic Islands: a guide for policy design in Mediterranean Regions» (Cati Torres et al, 2021), el impacto del cambio climático puede reducir el atractivo turístico de las Baleares y hacer que los turistas busquen a largo plazo destinos en latitudes superiores con climas más fríos (Bujosa et al, 2018, 2015). En este sentido, sólo para mencionar un ejemplo de los efectos potenciales sobre nuestro entorno, según Fernández-González et al