En resumen

Esta ley busca modernizar y hacer más transparentes los procesos de contratación pública en España, adaptándolos a las directivas europeas más recientes. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia del gasto público y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Qué regula

• La adaptación del derecho nacional español a la normativa de contratación pública de la Unión Europea.
• Los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministro y servicios.
• La contratación por entidades que operan en sectores específicos como agua, energía, transportes y servicios postales.
• La adjudicación de contratos de concesión, incluyendo concesiones de obras y de servicios.

A quién concierne

• Los órganos de contratación del sector público en España.
• Las empresas y licitadores que participan en procesos de contratación pública, incluyendo las PYMES.

Puntos clave

• Se busca una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación calidad-precio.
• Los órganos de contratación deben velar por que los criterios de adjudicación permitan obtener obras, suministros y servicios de alta calidad, incluyendo aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores.
• Se simplifican los trámites y se reduce la burocracia para licitadores y PYMES.
• Se establecen normas más estrictas para rechazar ofertas "anormalmente bajas" si no cumplen con obligaciones medioambientales, sociales o laborales.
• Se incorpora la figura de la concesión de servicios, que se suma a la ya existente concesión de obras, y en ambas debe haber una transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario.