En resumen

Esta ley busca modernizar la legislación portuaria española para adaptar los puertos a las nuevas realidades económicas y de transporte, fomentando su competitividad y la participación privada. Se centra en establecer un marco jurídico estable para el régimen económico-financiero y la prestación de servicios portuarios.

Qué regula

• El régimen económico-financiero y tributario de los puertos de interés general.
• La prestación de servicios portuarios, promoviendo la libertad de acceso.
• La gestión del dominio público portuario, buscando su máxima rentabilización.
• La inversión privada en instalaciones y equipamientos portuarios.

Quién afecta

• Los puertos españoles de interés general y sus organismos públicos.
• Empresas y particulares que prestan servicios o utilizan el dominio público portuario.

Puntos clave

• Desarrolla la competencia interportuaria, potenciando la autonomía de gestión de los organismos públicos portuarios.
• Fomenta la competencia intraportuaria regulando la prestación de servicios por iniciativa privada.
• Introduce elementos novedosos en la gestión del dominio público portuario para favorecer el modelo concesional.
• Busca disminuir los costes del sistema portuario español para mejorar la competitividad.