En resumen

Esta ley busca modernizar y unificar la normativa sobre hidrocarburos, fomentando la libre iniciativa empresarial y la protección del medio ambiente, a la vez que asegura el suministro y la seguridad del sistema.

Qué regula

• La exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.
• El comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y distribución de crudo y productos petrolíferos, incluyendo gases licuados del petróleo.
• La adquisición, producción, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles gaseosos por canalización.
• La planificación, regulación básica, fijación de peajes y precios de suministro, y requisitos de calidad y seguridad en el sector de hidrocarburos.

A quién concierne

• Empresas que operan en la exploración, investigación, explotación, refino, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
• Las Administraciones públicas, incluyendo el Gobierno y la Administración General del Estado, en sus funciones de planificación, regulación y autorización de actividades e instalaciones.

Puntos clave

• Los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos son bienes de dominio público estatal.
• Se reconoce la libre iniciativa empresarial para las actividades de hidrocarburos, garantizando el suministro y considerándolas de interés económico general.
• El Gobierno tiene competencias para planificar, establecer la regulación básica, determinar peajes y precios de suministro, y fijar requisitos de calidad y seguridad.
• La Administración General del Estado otorga autorizaciones y permisos para exploración, investigación y explotación, especialmente en zonas marinas o cuando afectan a más de una Comunidad Autónoma.