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Sanción de la Administración: cómo defenderse en el expediente

Una multa o sanción administrativa no se puede imponer de plano. La Ley 39/2015 prohíbe sancionar «sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento» (art. 63.2) y obliga a la Administración a separar la fase instructora de la sancionadora, a notificar al presunto responsable qué hechos se le imputan, qué infracción pueden constituir y qué sanción le correspondería, y a probar los hechos antes de castigarlos. Esta guía se refiere a la fase previa a la resolución, la que decide si llegará a haber una sanción firme, y es válida para sanciones estatales, autonómicas y locales de cualquier materia (consumo, urbanismo, ordenanzas municipales, medio ambiente, transporte, administrativo laboral) siempre que la ley sectorial no establezca un procedimiento propio, como ocurre con el tráfico o con las sanciones tributarias.

Si usted ha recibido un acuerdo de iniciación, un pliego de cargos o una propuesta de resolución, el objetivo es llegar a una de tres salidas: archivo del expediente, sanción reducida con pago anticipado o resolución sancionadora ya defendida con alegaciones y prueba que permitan recurrirla con éxito. Lo que se alegue o se omita en esta fase condiciona el recurso posterior, porque el órgano que resuelva el recurso no tendrá en cuenta hechos o pruebas que usted pudo aportar antes y no aportó (art. 118.1 Ley 39/2015). Para recurrir una sanción ya impuesta, vea la guía sobre cómo recurrir la multa administrativa.

Administrativo · sanciones

Datos clave

Plazo
Plazo para alegar: el que indique el acuerdo de iniciación o la norma sectorial; si no hay otro, diez días hábiles (art. 73.1) y entre diez y quince días en la audiencia (art. 82.2). Caducidad: tres meses si la norma no fija otro…
Área del derecho
Administrativo · sanciones
Pasos
Jurisprudencia
4
Actualizado
08/07/2026

Plazo

Plazo para alegar: el que indique el acuerdo de iniciación o la norma sectorial; si no hay otro, diez días hábiles (art. 73.1) y entre diez y quince días en la audiencia (art. 82.2). Caducidad: tres meses si la norma no fija otro plazo (art. 21.3). Prescripción: la de la ley sectorial o, en su defecto, tres años, dos años o seis meses según la gravedad de la infracción (art. 30 Ley 40/2015).

Qué hacer

  1. Localice la notificación y anote la fecha. Abra la notificación (en papel, en la sede electrónica o en la Dirección Electrónica Habilitada única) y anote el día en que se puso a su disposición o lo recibió. Los plazos en días son hábiles, excluyen sábados, domingos y festivos, y empiezan el día siguiente (art. 30.2 y 30.3 Ley 39/2015). Si la notificación electrónica es obligatoria para usted y no accede, se entiende rechazada a los diez días naturales (art. 43.2) y el plazo corre igualmente. Guarde el sobre, el justificante y el acuse. Compruebe que la notificación identifica al instructor, al órgano que resolverá y la norma que le da competencia.
  2. Analice el acuerdo de iniciación. El art. 64.2 exige que contenga la identificación del presunto responsable, los hechos imputados con su posible calificación y la sanción que podría corresponder, la identidad del instructor con el régimen de recusación, el órgano competente para resolver, las medidas provisionales y la indicación del derecho a alegar y a ser oído. Anote cada defecto: si faltan los hechos concretos, la infracción o la sanción, ya puede alegar indefensión. Compruebe también si la infracción figura en una ley (principio de tipicidad, art. 27 Ley 40/2015) y no solo en una ordenanza o un reglamento.
  3. Solicite el expediente y copia de la prueba. Como interesado tiene derecho a conocer el estado de la tramitación, a acceder al expediente y a obtener copia de los documentos (art. 53.1.a). Pídala por escrito a través del registro electrónico o de la sede, con referencia al número de expediente. Revise la denuncia, los informes, las fotografías, las mediciones y las actas. Los documentos formalizados por funcionarios que tengan condición de autoridad hacen prueba de los hechos que constatan, salvo prueba en contrario (art. 77.5), así que su estrategia consiste en aportar esa prueba contraria.
  4. Redacte el escrito de alegaciones. Presente en plazo un escrito con tres partes: hechos (su versión con fechas y documentos), fundamentos (infracciones de procedimiento, ausencia de prueba de cargo, falta de culpabilidad, error en el sujeto responsable, atipicidad, prescripción, non bis in idem, proporcionalidad) y petición (archivo y, subsidiariamente, sanción en grado mínimo). Si usted no formula alegaciones, el acuerdo de iniciación puede ser tratado como propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad (art. 64.2.f). Presente el escrito por el registro electrónico y conserve el justificante con fecha y hora.
  5. Proponga prueba de descargo. La Administración debe motivar la denegación de las pruebas que usted proponga y solo puede rechazar las improcedentes o innecesarias. Proponga la que sirva para desmontar el hecho imputado: testigos, informes periciales, grabaciones, justificantes de pago o de localización, documentos que ya obran en otra Administración (derecho a no aportarlos, art. 53.1.d). Si la sanción depende de una medición o un dato técnico, solicite el certificado de calibración o verificación del aparato. Solicite expresamente la apertura de período probatorio cuando discuta los hechos.
  6. Valore la reducción por reconocimiento o pago voluntario. El art. 85 Ley 39/2015 prevé que, si la sanción es solo pecuniaria, el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario antes de la resolución se premian con reducciones de, al menos, el 20 % cada una, acumulables entre sí (hasta el 40 % en total), que deben figurar en la notificación de inicio. Su efectividad exige desistir o renunciar a cualquier recurso administrativo contra la sanción. Antes de pagar, calcule si le compensa renunciar a la defensa: si tiene buenos argumentos de prescripción, caducidad o falta de prueba, es mejor alegarlos.
  7. Vigile la propuesta de resolución y la audiencia. Terminada la instrucción, el instructor formula una propuesta de resolución que fija los hechos probados, la calificación y la sanción propuesta (art. 89). Antes de la propuesta, y con la puesta de manifiesto del expediente, se abre el trámite de audiencia de diez a quince días (art. 82.2) para alegar de nuevo y aportar documentos. Si el órgano que resuelve cree que la infracción o la sanción son más graves que lo propuesto, debe notificárselo y darle quince días para alegar (art. 90.2). Alegue cuanto falte.
  8. Compruebe prescripción y caducidad antes de la resolución. Calcule desde qué fecha prescribe la infracción según la ley sectorial o, en su defecto, el art. 30 Ley 40/2015 (muy graves tres años, graves dos años, leves seis meses). La iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado interrumpe la prescripción, que vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de un mes por causa no imputable a usted. Después compruebe la caducidad: vencido el plazo máximo sin resolución notificada, el procedimiento sancionador caduca (art. 25.1.b Ley 39/2015) y debe archivarse. Solicite la declaración de caducidad si procede.
  9. Prepare el recurso si se impone la sanción. La resolución debe indicar si pone fin a la vía administrativa, el recurso que cabe y el plazo, que suele ser de un mes (art. 40.2). Mientras quepa recurso administrativo ordinario, la sanción no es ejecutiva (art. 90.3 y art. 98.1.b) y no puede exigirse su pago. Una vez notificada, siga los pasos de la guía de recurso contra la sanción impuesta: alzada o reposición y, después, contencioso-administrativo. Conserve toda la documentación para completar su prueba en vía de recurso.

A qué prestar atención

Base legal

3
Esta ley establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, tanto en el…
Esta ley busca modernizar el sector público español, haciéndolo más eficiente, transparente y ágil, y simplificar la relación de ciudadanos y…
Esta ley establece la Constitución española, que define a España como un Estado social y democrático de Derecho, y proclama los valores superiores de…

Resoluciones judiciales relacionadas

4
Declara que los principios inspiradores del orden penal y las garantías del art. 24 CE se aplican, con matices, a la potestad sancionadora de la Administración.
Afirma que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y exige certeza de los hechos mediante prueba de cargo.
Anula una sanción municipal notificada por edicto sin intentar antes la comunicación en el domicilio real, por vulnerar el derecho de defensa y a ser informado de la acusación.
Reitera que la notificación edictal en un expediente sancionador solo es válida cuando se han agotado los medios razonables de comunicación efectiva.

Preguntas frecuentes

10
¿Qué hago si me llega un acuerdo de inicio de expediente sancionador?

Anote la fecha de notificación, solicite copia del expediente y presente un escrito de alegaciones dentro del plazo que indique el acuerdo. Si no indica otro, cuenta con diez días hábiles. Niegue los hechos que sean falsos, aporte prueba, invoque prescripción o caducidad si procede y pida el archivo. No pague sin haber valorado antes que el pago con reducción obliga a renunciar a recursos.

¿Cuántos días tengo para presentar alegaciones a una sanción?

Los que fije la norma sectorial o el propio acuerdo de iniciación. Si no hay plazo específico, el art. 73.1 de la Ley 39/2015 fija diez días hábiles y el trámite de audiencia admite de diez a quince (art. 82.2). Son días hábiles, sin sábados, domingos ni festivos, y empiezan a contar el día siguiente a la notificación. En tráfico, por ejemplo, son veinte días naturales.

¿Qué reducción tiene una multa si la pago antes de la resolución?

El art. 85 de la Ley 39/2015 prevé una reducción de, al menos, el 20 % por reconocer la responsabilidad y otra del 20 % por el pago voluntario, acumulables, siempre que la sanción sea solo económica. La notificación de inicio debe mencionarlas. La condición es desistir de cualquier recurso administrativo, así que decida antes si va a defenderse.

¿Cuándo caduca un expediente sancionador?

Cuando se supera el plazo máximo para resolver y notificar la resolución. Lo fija la norma sectorial; si no, son tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015). Con el vencimiento se declara la caducidad y se archivan las actuaciones (art. 25.1.b). Si la infracción no ha prescrito, la Administración puede abrir otro procedimiento, porque el caducado no interrumpe la prescripción.

¿Cuánto tarda en prescribir una infracción administrativa?

El plazo lo fija la ley que tipifica la infracción. Si no lo hace, el art. 30 de la Ley 40/2015 establece tres años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves. Se cuenta desde que se cometió la infracción y se interrumpe cuando se inicia el procedimiento con su conocimiento. Las sanciones también prescriben: tres años, dos años y un año.

¿Qué es la presunción de inocencia en una sanción administrativa?

Es el derecho a que no se le considere responsable mientras la Administración no demuestre los hechos con prueba de cargo suficiente (art. 53.2.b Ley 39/2015 y art. 24.2 CE). El Tribunal Constitucional aplica esta garantía a las sanciones administrativas. La denuncia de un agente hace prueba de los hechos que constata, salvo prueba en contrario, que le corresponde aportar a usted.

¿Puedo alegar que no era yo quien cometió la infracción?

Sí. La responsabilidad sancionadora es personal y exige dolo o culpa (art. 28 Ley 40/2015). Debe identificar al responsable, si lo conoce y la ley se lo exige, o demostrar con prueba que usted no estaba en el lugar ni era el autor. La ley sectorial puede imponer al titular el deber de identificar al responsable, y su incumplimiento puede ser otra infracción.

¿Una sanción administrativa se puede imponer por los mismos hechos que ya castigó un juez?

No. El art. 31 de la Ley 40/2015 impide sancionar hechos ya sancionados penal o administrativamente cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Además, los hechos que declare probados una sentencia penal firme vinculan a la Administración (art. 77.4 Ley 39/2015). Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, la Administración debe comunicarlo al Ministerio Fiscal o al juez y, según la normativa sectorial, suspender el expediente hasta que haya resolución judicial.

¿Tengo que pagar la multa mientras recurro?

No, mientras contra la resolución quepa algún recurso administrativo, incluido el de reposición potestativo, la resolución sancionadora no es ejecutiva (art. 98.1.b y art. 90.3 Ley 39/2015). Una vez firme en vía administrativa, sí lo es, aunque puede solicitar la suspensión cautelar si anuncia un recurso contencioso-administrativo.

¿Necesito abogado para contestar a un expediente sancionador?

No es obligatorio en vía administrativa: puede actuar por sí mismo o asistido de asesor (art. 53.1.g Ley 39/2015). Resulta recomendable cuando la sanción es elevada, incluye suspensión de licencia, inhabilitación o cierre, o si se discuten cuestiones técnicas. En la vía judicial, en cambio, necesitará abogado, y procurador en los órganos colegiados, salvo en cuestiones de personal de funcionarios.

Guía legal – guías prácticas paso a paso

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Actualizado: · Fuentes: Arts. 21, 25, 30, 53, 63, 64, 73, 77, 82, 85, 89, 90 y 98 Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común), Arts. 25 a 31 Ley 40/2015 (principios de la potestad sancionadora y prescripción), Arts. 24 y 25 Constitución Española, boe.es, EUR-Lex

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