Okupas: cómo recuperar la vivienda y qué hacer si la ocupan

Cuanto antes se denuncie, mejor: mientras los hechos son recientes la policía puede actuar por delito flagrante. La demanda de recuperación de la posesión no se admite si han pasado más de un año desde el despojo (art. 439.1 LEC). En el desahucio exprés, los ocupantes tienen 5 días desde la notificación para aportar un título; si no lo hacen, el tribunal ordena el desalojo.

1. Distinga qué situación es la suya. Si alguien entró sin permiso en su vivienda y no tiene ningún contrato, hay okupación. Si se trata de un inquilino que dejó de pagar o cuyo contrato terminó, no lo es: se tramita un desahucio por falta de pago o por expiración del plazo (art. 250.1.1.º LEC). Si es un familiar o un amigo al que usted dejó vivir sin pagar, es un precarista y se aplica otro cauce. Reúna desde el primer momento la escritura, la nota simple del Registro, el recibo del IBI y cualquier prueba de que usted era quien poseía el inmueble.
2. Constate la entrada y avise a la policía. Llame al 091, al 062 o al 112, según el cuerpo que actúe en su zona, y describa quién ha entrado y cuándo. Haga fotografías, guarde las grabaciones de cámaras y recoja el testimonio de los vecinos y del portero. Hay que acreditar si la vivienda era morada, con el padrón, las facturas de suministros o los muebles. Si los ocupantes entraron hace pocas horas, la intervención inmediata es la que más probabilidades tiene de resolver el conflicto sin pleito. No intente entrar a la fuerza.
3. Presente la denuncia por allanamiento o usurpación. Se hace en comisaría, en el cuartel o ante el juzgado de guardia. Si el inmueble es su morada, la entrada o la permanencia contra su voluntad es allanamiento (art. 202 del Código Penal): prisión de seis meses a dos años, y de uno a cuatro si hay violencia o intimidación. Si no es morada, la ocupación es usurpación: multa de tres a seis meses (art. 245.2), o prisión de uno a dos años si hay violencia o intimidación (art. 245.1). Aporte los documentos de propiedad y solicite que se le tenga por parte como acusación particular.
4. Pida el desalojo inmediato en flagrancia. El art. 18.2 de la Constitución permite a la policía entrar en un domicilio sin mandamiento judicial en caso de delito flagrante. Cuando los ocupantes son sorprendidos al poco de entrar en una morada, las fuerzas de seguridad pueden identificarlos y desalojarlos. Pasado el tiempo, o si el inmueble estaba vacío, lo habitual es que se exija una resolución judicial. El juez de instrucción puede acordar el desalojo como medida cautelar; la Fiscalía ha dado instrucciones en ese sentido. Insista en que se reflejen en el atestado la fecha de entrada y la ausencia de título.
5. Aproveche el juicio rápido penal. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 incluyó el allanamiento de morada (art. 202 CP) y la usurpación (art. 245 CP) entre los delitos que pueden enjuiciarse por el procedimiento de diligencias urgentes (art. 795.1.2.ª, letras i y j, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El juzgado de guardia investiga y puede dictar sentencia de conformidad en pocos días. La sentencia condena a los ocupantes y ordena la restitución del inmueble. Si hay un hogar con menores o vulnerabilidad, el juez puede abrir trámite con servicios sociales.
6. Interponga la demanda civil de recuperación de la posesión. Es el desahucio exprés del art. 250.1.4.º LEC, reservado a la persona física propietaria o poseedora legítima, a entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y a entidades públicas con vivienda social. Se tramita como juicio verbal, con abogado y procurador, sin tasa para personas físicas. La demanda puede dirigirse contra los desconocidos ocupantes (art. 437.3 bis) y debe incluir el título de propiedad. Debe indicar si la vivienda es habitual de los ocupantes, si el demandante es gran tenedor, y en ese caso certificación del Registro con sus propiedades si afirma no serlo (art. 439.6). No requiere intento previo de mediación (art. 5.2 de la LO 1/2025).
7. Notifique y requiera a los ocupantes. Admitida la demanda, el decreto requiere a los ocupantes para que aporten en cinco días un título que justifique su posesión (art. 441.1 bis LEC). Si no lo presentan o no basta, el tribunal ordena mediante auto el desalojo y la entrega inmediata de la vivienda. La oposición solo puede basarse en la existencia de título suficiente frente al actor o en la falta de título de este (art. 444.1 bis). Contra el auto que resuelve el incidente no cabe recurso. El lanzamiento se ejecuta con la ayuda de la comisión judicial y, si hace falta, de la fuerza pública.
8. Atienda la vulnerabilidad y cierre bien el proceso. Si los ocupantes son una familia en situación de vulnerabilidad, el juzgado comunica el procedimiento a los servicios sociales (art. 441.5 LEC) y puede suspender el proceso hasta dos meses si el demandante es persona física, o cuatro si es persona jurídica (art. 441.6). Tras recuperar la vivienda, cambie la cerradura, haga un inventario de daños, pida la baja o el cambio de titularidad de los suministros y reclame la indemnización, en la vía penal o civil. Conviene contratar un seguro de hogar con cobertura de ocupación para el futuro.

• Cortar luz, agua o gas, o cambiar la cerradura con los ocupantes fuera, y obligarles a abandonar por la fuerza. Puede constituir un delito de coacciones del art. 172.1 del Código Penal, sancionado con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Aunque usted sea el propietario, la ley prohíbe tomarse la justicia por su mano y los ocupantes pueden denunciarle.
• Contratar a empresas de desokupación que amenazan o intimidan. Quien contrata y quien ejecuta responden por coacciones, amenazas o allanamiento si entra por la fuerza. Además, los hechos pueden perjudicar el procedimiento civil o penal que usted ya tenga abierto. Las únicas vías seguras son la policía y el juzgado.
• Dejar pasar el tiempo. Si la ocupación es reciente, la policía puede actuar por flagrancia. Con los meses se complica la prueba y la demanda de recuperación de la posesión no se admite si ha transcurrido más de un año desde el despojo (art. 439.1 LEC), sin perjuicio de otras acciones ordinarias.
• Utilizar el desahucio exprés cuando no corresponde. Los bancos, las sociedades y otras personas jurídicas no pueden acudir al cauce reforzado del art. 250.1.4.º párrafo segundo, que se limita a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas con vivienda social. Tampoco sirve contra un inquilino que dejó de pagar, que tiene su procedimiento propio.
• Omitir los datos exigidos en la demanda. Si no indica si la vivienda es habitual, si el demandante es gran tenedor, la demanda no se admite (art. 439.6 LEC). La exigencia añadida por la Ley 12/2023 de acreditar conciliación o intermediación y vulnerabilidad (art. 439.6.c y 439.7) fue anulada por la STC 26/2025, de 29 de enero.
• Fiarse de un contrato falso. A menudo los ocupantes enseñan un supuesto contrato de alquiler. Si aportan un título, el procedimiento pasa a un juicio ordinario sobre su validez, y el asunto se alarga. Pida a la policía que compruebe el documento y denuncie la falsedad si procede.
• Pensar que la vulnerabilidad de los ocupantes impide recuperar la casa. La suspensión es temporal, por un máximo de dos o cuatro meses según el demandante (art. 441.6 LEC), y existe además una moratoria extraordinaria de lanzamientos para hogares vulnerables regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 cuya vigencia debe comprobarse en cada momento.

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Actualizado: 03/11/2026 · Fuentes: Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal (arts. 172, 202 y 245), Art. 250 Ley de Enjuiciamiento Civil – Juicio verbal (n.º 4.º, recuperación de la posesión), Art. 437 LEC – Demanda en el juicio verbal (apartado 3 bis), Art. 439 LEC – Inadmisión de demandas en el juicio verbal, boe.es, EUR-Lex

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