Nacionalidad española por residencia: requisitos y trámite

Necesita diez años de residencia legal y continuada inmediatamente anterior a la solicitud; cinco si es refugiado, dos si es nacional de origen de un país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, o sefardí, y uno en los supuestos del art. 22.2 CC. Concedida la nacionalidad, dispone de ciento ochenta días desde la notificación para jurar o prometer y pedir la inscripción (art. 21.4 CC); si no lo hace, la concesión caduca. Frente a una denegación expresa, el recurso contencioso-administrativo se interpone en dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998, LJCA), o puede presentar antes recurso potestativo de reposición en un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015).

1. Calcule qué plazo de residencia le corresponde. La regla general es de diez años (art. 22.1 CC). Bastan cinco años a quien ha obtenido la condición de refugiado, y dos años a los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y a los sefardíes.

   El plazo es de un año (art. 22.2 CC) para quien nació en territorio español; para quien no ejercitó a tiempo el derecho de opción; para quien estuvo sujeto legalmente durante dos años consecutivos a tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles; para quien lleva un año casado con español o española sin separación legal o de hecho; para el viudo o viuda de español si no había separación al fallecer el cónyuge, y para el nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles.

2. Compruebe que su residencia es legal, continuada e inmediatamente anterior. El art. 22.3 CC exige los tres requisitos en cualquier supuesto. Legal significa amparada por una autorización o tarjeta de residencia válida conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros, o por el régimen de ciudadanos de la Unión; los periodos en situación irregular no cuentan. Continuada significa sin interrupciones relevantes: las ausencias largas o los huecos entre una autorización caducada y su renovación pueden obligar a empezar a contar de nuevo.

   Inmediatamente anterior significa que debe seguir residiendo legalmente en España el día en que presenta la solicitud. Pida su certificado de empadronamiento histórico y conserve copias de cada tarjeta y resolución de renovación: son la prueba principal del cómputo.

3. Supere las pruebas del Instituto Cervantes. La integración en la sociedad española se acredita con dos pruebas que diseña y administra el Instituto Cervantes (disposición final séptima.3 de la Ley 19/2015). La primera es el diploma de español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior; están exentos los nacionales de países o territorios en que el español es idioma oficial. La segunda es la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

   Los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente están exentos de ambas pruebas. Inscríbase con antelación en un centro examinador autorizado, porque las convocatorias se llenan. Cada examen tiene su propia tarifa, que fija el Instituto Cervantes; compruebe la vigente al inscribirse.

4. Reúna la documentación. Además de la residencia y las pruebas de integración, debe justificar buena conducta cívica (art. 22.4 CC). Prepare el pasaporte en vigor, la tarjeta de residencia, el certificado de nacimiento y, si es el caso, el de matrimonio o el de nacimiento del cónyuge español, y el certificado de antecedentes penales de su país de origen, legalizados o apostillados y traducidos cuando proceda.

   Tenga en cuenta que la buena conducta cívica debe acreditarse de forma positiva: no basta con carecer de antecedentes. El Tribunal Constitucional ha recogido la doctrina según la cual las condenas o sanciones son indicadores relevantes, pero no impiden por sí solas la concesión (STC 143/2011). Aporte también pruebas de integración: contrato de trabajo, cotizaciones, estudios o actividad social.

5. Presente la solicitud electrónica y pague la tasa. El procedimiento es electrónico y lo instruye el centro directivo del Ministerio de Justicia competente en materia de registros (disposición final séptima.2 de la Ley 19/2015). Puede presentarlo usted con certificado digital o a través de un representante, como un abogado o gestor habilitado. Pueden solicitar los mayores de dieciocho años o emancipados, los mayores de catorce asistidos por su representante legal, y los representantes legales de los menores de catorce con autorización previa (art. 21.3 CC).

   La solicitud está sujeta a una tasa que la ley fijó en 100 euros, se abona con el modelo 790, código 026, y no se devuelve aunque se deniegue (disposición final séptima.4). La cuantía se actualiza periódicamente; compruebe el importe vigente antes de pagar.

6. Siga el expediente y conteste a los requerimientos. Durante la tramitación el Ministerio puede pedir documentos adicionales o informes a otros organismos. Las comunicaciones son electrónicas: revise con frecuencia la sede y su correo, porque un requerimiento no atendido en plazo puede llevar al archivo del expediente.

   El plazo máximo para resolver y notificar es de un año desde la entrada de la solicitud en el órgano competente y, si vence sin resolución, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo, según la regulación reglamentaria del procedimiento (Real Decreto 1004/2015). Esa desestimación presunta solo sirve para que pueda recurrir; la Administración sigue obligada a resolver y puede hacerlo después sin quedar vinculada por el silencio (art. 24.2 y 3.b de la Ley 39/2015).

7. Si le deniegan o no le contestan, recurra. Contra la resolución expresa puede interponer recurso potestativo de reposición en un mes ante el mismo órgano (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015) o ir directamente al recurso contencioso-administrativo en dos meses (art. 46.1 LJCA). El art. 22.5 CC deja a salvo esa vía judicial frente a la concesión o la denegación.

   Como la resolución se dicta por delegación del Ministro, el recurso se dirige a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (art. 11.1.a LJCA), con abogado y procurador. Si la solicitud se desestimó por silencio, el Tribunal Constitucional ha declarado que el plazo de seis meses del art. 46.1 LJCA no se aplica al silencio negativo (STC 52/2014), por lo que puede recurrir sin ese límite.

8. Jure o prometa y pida la inscripción en ciento ochenta días. Notificada la concesión, debe comparecer ante el encargado del Registro Civil u otro funcionario competente para cumplir los requisitos del art. 23 CC: jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, renunciar a su nacionalidad anterior y pedir la inscripción. Están exentos de la renuncia los naturales de los países del art. 24.1 CC (iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal) y los sefardíes originarios de España.

   Si no comparece dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación, la concesión caduca (art. 21.4 CC). La inscripción tiene carácter constitutivo y exige que conste antes su nacimiento en el Registro Civil español (art. 68 de la Ley 20/2011).

• Contar periodos que no son de residencia legal. El tiempo en situación irregular, o con una autorización caducada sin renovación en plazo, no computa (art. 22.3 CC) y puede llevar a la denegación tras años de espera.
• Solicitar sin estar residiendo legalmente en ese momento. La residencia debe ser inmediatamente anterior a la petición; si su tarjeta ha caducado, renuévela antes de presentar la solicitud.
• Ocultar antecedentes o aportar datos falsos. La sentencia firme que declara falsedad, ocultación o fraude en la adquisición produce su nulidad, y el Ministerio Fiscal puede ejercitar la acción durante quince años (art. 25.2 CC).
• No atender los requerimientos electrónicos. Al ser un procedimiento electrónico, los avisos llegan a la sede y a su dirección de correo; dejarlos sin respuesta puede suponer el archivo del expediente.
• Dejar pasar los ciento ochenta días tras la concesión. La concesión caduca si no jura o promete y pide la inscripción en ese plazo (art. 21.4 CC), y tendría que empezar de nuevo.
• Usar solo la nacionalidad anterior después de renunciar a ella. Quien no es español de origen pierde la nacionalidad si durante tres años utiliza exclusivamente la nacionalidad a la que declaró renunciar (art. 25.1.a CC).
• Recurrir fuera de plazo una denegación expresa. El plazo de dos meses para el recurso contencioso-administrativo (art. 46.1 LJCA) se cuenta desde el día siguiente a la notificación y no se amplía por presentar escritos ajenos al recurso.

Analizar mi documento →Guía legalModelos de contratosPágina principal del país

Actualizado: 04/11/2026 · Fuentes: Art. 21 CC – Adquisición por carta de naturaleza y por residencia, Art. 22 CC – Plazos de residencia para la nacionalidad, Art. 23 CC – Requisitos comunes: jura o promesa, renuncia e inscripción, Art. 25 CC – Pérdida y nulidad de la nacionalidad, boe.es, EUR-Lex

Las explicaciones se generan a partir del texto oficial y son orientativas; solo es vinculante el texto íntegro, al que enlaza cada página. Europaius ofrece información jurídica, no servicios de abogacía.